PRENSA

El Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación, que coordina Francisco Fernández, va a aprobar nuevas bases de adjudicación de las viviendas sociales de Esteban Illán, tras haber asignado siete viviendas de las 18 reformadas, a aquellos solicitantes que cumplían todos los requerimientos exigidos en las bases.

La necesidad de acreditar ingresos suficientes, las renuncias habidas y otras exigencias que recogían las bases para la adjudicación, que se redactaron en armonía con las que se llevan a cabo desde la Junta de Comunidades, han hecho que del total de peticiones, solo siete solicitantes hayan accedido a las viviendas.

Ante esta situación, la Diputación de Toledo va a proceder de inmediato a la aprobación de nuevas bases, para que nuevos solicitantes puedan optar a estas viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, de manera que puedan ser ocupadas cuanto antes, objetivo principal de la institución.

La Diputación ha tenido que subsanar los problemas que dejó la EMV

En este sentido, hay que recordar que el principal problema para la puesta en disposición de las viviendas a los jóvenes de la provincia se produjo a causa de la rehabilitación incompleta de las mismas que había llevado a cabo la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Toledo.

La Diputación de Toledo recepcionó las viviendas de Esteban Illán el 31 de octubre de 2013, fecha a partir de la cual se vio obligada a realizar una nueva acometida eléctrica, consecuencia de esas deficiencias con que recibió las obras por parte de la EMV.

Por ello, fue en julio de este mismo año cuando se llevo a cabo el proceso de adjudicación de las viviendas, una vez completada la rehabilitación, en la que la institución provincial ha invertido 800.000 euros, en una superficie de 914,44 metros cuadrados y una superficie construida de 1.223,66 metros cuadrados, además de 90.000 euros de acometidas.

Usar estas circunstancias de manera demagógica o partidista no dice mucho de quienes así actúan, pues apuestan por la falta de control administrativo de estas adjudicaciones, que deben realizarse con el esmero y el rigor que requiere un bloque de viviendas habitado desde hace muchos años por sus vecinos.