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El vicepresidente de la Diputación de Toledo responsable de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha presentado este viernes la renovación del programa de Servicio de Atención a Familias (SAF) de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que impulsa Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Junto al director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, han explicado el programa al que se sumará la institución un año más.

Este programa que la Diputación de Toledo renueva con la federación castellano manchega es un programa que tiene el objetivo de acompañar a familias de personas con discapacidad en su proyecto de vida. “Se trata de atender sus necesidades y facilitar los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y su bienestar”, tal y como ha expresado Collado.

La institución provincial colabora desde hace años con este programa, que lleva en marcha desde el 2007, por los buenos resultados que arroja y el servicio que cumple. En este año 2024 más de 400 personas se han beneficiado de este programa, procediendo al menos un 50 por ciento de ellas del mundo rural. Además, se estima que al menos un 40 por ciento de las personas atendidas son familias vulnerables o en riesgo de exclusión social.

“Nos parece importante, también, la valoración que se hace del lugar de residencia, pues somos conscientes de que hay mucha población de entornos rurales con dificultades de contacto y acceso a recursos especializados, muy necesarios para estas familias en concreto”, ha destacado Arias.

Este año, la Diputación de Toledo dotará al Servicio de Atención de Familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha con un montante de 8.000 euros para seguir apoyando este programa que favorece a muchas personas y familias de nuestra provincia.

Plena inclusión es un movimiento de familiares de personas con discapacidad, que trabaja en toda Castilla- La Mancha, y con una amplia trayectoria agrupando a unas 60 entidades en la región, representando a 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, además de contar con 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 240 centros. Su misión es trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su calidad de vida y defendiendo sus derechos.