PRENSA

El vicepresidente de Cooperación, Infraestructura, Hacienda y Presupuestos y Portavoz, Santiago García Aranda, anunciaba hoy que el Gobierno de la Diputación de Toledo ha distribución de los 10 millones de euros del fondo de Gasto Corriente que este año destina a los municipios de la provincia de Toledo para atender sus necesidades.

Santiago García Aranda, con motivo del Pleno celebrado esta mañana en la Institución provincial, informaba sobre la resolución y acuerdo de la Junta de Gobierno del programa de Gasto Corriente del reparto entre todos los ayuntamientos beneficiarios de la provincia de Toledo de los 10 millones con que ha dotado en 2021 a este fondo de ayuda a los municipios.

Tal y como especificaba el vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, la distribución se ha realizado en función de criterios estrictamente objetivos, basados en la población de los municipios beneficiarios.

Una ayuda a los municipios de 10 millones de euros que permitirán a los ayuntamientos destinarlos a “mantenimiento y refuerzo de sus servicios públicos, a atender gastos extraordinarios de lucha contra la pandemia de la COVID-19 y a la puesta en marcha de medidas de estímulo local para la reactivación económica en cada uno de esos municipios”, resaltaba García Aranda.

Junto a este asunto, el Pleno aprobaba la cesión gratuita de uso del bien patrimonial “Vivero de la mancha”, propiedad de la Diputación de Toledo, al Ayuntamiento de Corral de Almaguer con el fin único y exclusivo de ser destinada a experimentación agropecuaria, medioambiental o docencia.

También se produjo la aprobación inicial durante la sesión de hoy del reglamento de las instalaciones deportivas de la Diputación Provincial “La Bastida” con la que se adapta el mismo a la nueva realidad surgida tras el acuerdo de colaboración de la Diputación de Toledo y la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha para la promoción de la actividad deportiva de Tiro en dicha instalación deportiva.

El reglamento regulador de la administración electrónica de la Diputación Provincial de Toledo también fue aprobado inicialmente en la sesión plenaria y que se plantea en la necesidad de desarrollar, concretar y facilitar en un marco legal adecuado a los agentes involucrados en el uso de medios tecnológicos, así como su utilización efectiva, aclarado y precisando, al mismo tiempo, aquellas materias reguladas en las leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria. Así como por otro lado lograr la satisfacción del interesado, ya que el uso de los servicios públicos digitales es fundamental para garantizar sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en su relación con las administraciones públicas.

Declaración institucional

El Pleno finalizaba hoy con una declaración institucional firmada por todos los grupos con representación en la Corporación Provincial, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas IU Podemos, de apoyo al colectivo LGTBI.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA A LOS ACTOS DE ODIO Y VIOLENCIA A MIEMBROS DEL COLECTIVO LGTBI

            El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otra condición personal o social. Este compromiso con la igualdad de derechos no solo se refleja en este artículo de la Constitución sino que en el año 1979 España firmó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el que se compromete a no establecer distinción en derechos y libertades por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

            Desarrollando este espíritu, nuestro país ha estado a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de los miembros del colectivo LGTBI siendo el tercer país del mundo en el que se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y donde todos los estudios colocan a la ciudadanía española entre los más tolerantes con respecto a los miembros de las distintas orientaciones sexuales y dispuestos a que se reconozcan sus derechos.

            Sin embargo, y por desgracia, cada vez es más frecuente la aparición de delitos de odio contra miembros del colectivo LGTBI. Las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan que los primeros seis meses del año 2021, Policía y Guardia Civil han recibido 610 denuncias por delitos de odio contra miembros de dicho colectivo. Un 9,3% de incremento frente a 2019 año que marcaba el máximo desde que se recogen estadísticas específicas sobre delitos de odio. Más allá de estadísticas por desgracia en los últimos meses hemos asistido al asesinato en La Coruña de Samuel Luiz pateado en el suelo hasta la muerte por un grupo mientras gritaban “maricón de mierda”.

            Nuestra provincia de Toledo no ha quedado al margen de este problema. Como caso más reciente, el pasado 4 de septiembre, durante las fiestas del municipio de Velada, un grupo agredió a Miguel Ángel Berraco tras llamarle “maricón” y “no puedes tocarme que pierdes aceite”.

            Mediante esta declaración institucional, los miembros de la corporación de la Diputación de Toledo:

• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.

• Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en cualquier parte de nuestro país y especialmente en nuestra provincia.

• Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad en el ámbito rural sin los ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades.