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El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha asistido hoy a la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se ha celebrado en Ibiza, en la sede de su Consell Insular.

Una reunión que, entre otros acuerdos, ha aprobado adherirse a la resolución de la FEMP que insta al Gobierno central a adoptar medidas legislativas que permitan la reinversión del superávit de los ayuntamientos, acuerdo que Álvaro Gutiérrez ha resaltado por la importancia que la medida tiene para las administraciones locales.

El presidente de la Diputación de Toledo resalta que la reinversión del superávit es una de las reivindicaciones principales de los ayuntamientos y considera que “es el momento de modificar una ley como la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera que castiga a los ayuntamientos cumplidores en las cuentas, obligándoles a destinar su superávit a pagar deuda e impidiéndoles que su esfuerzo y ahorro lo dediquen a lo realmente importante, las personas”, añadía.

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobaba por unanimidad el pasado 6 de abril esta resolución, a la que hoy se ha unido la Comisión de Diputaciones, y que insta al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.

Se trata de que se incluya una modificación de la Disposición Adicional 92 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que permita a las entidades locales reinvertir los más de 7.000 millones de superávit alcanzados en 2016.

En esta resolución de la FEMP se explica que las entidades locales españolas son administraciones que cumplen con los objetivos de estabilidad y han generado superávit, pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los ciudadanos y ciudadanas de los municipios españoles vean mejorada su calidad de vida.

Continúa la resolución especificando que durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del superávit al concepto de “inversión financieramente sostenible” y de generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión ha impedido realizar infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos.

Restricciones a las que se suma en 2017 no poder hacer ninguna reinversión hasta que los PGE para este año estén definitivamente aprobados, previsiblemente no hasta junio, lo que hace imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este ejercicio.

Por ello, se pide una modificación normativa que prevea que tanto la contratación como la ejecución de este superávit puedan realizarse en los años 2017 y 2018.