La Delegación de Empleo Público y Régimen Interior de la Diputación de Toledo, que coordina el diputado Manuel Fernández, ha logrado concluir la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la Institución, teniendo como pilares de la nueva estructura la eficacia, la eficiencia y la adaptación a las necesidades reales de la provincia, ajustando los recursos para asegurar la solvencia de la administración provincial.

La sobredimensionada plantilla que existía a principios de legislatura ha quedado reducida como consecuencia de la transferencia del Hospital Provincial al Sescam y que no se hayan cubierto los cargos de confianza y asesores de las anteriores legislaturas.

La nueva RPT consolida las políticas de austeridad y contención del capítulo 1 de los presupuestos provinciales. Desde el Equipo de Gobierno se ha apostado por el rigor de las decisiones tomadas y la obligación de reducir el gasto para ganar en liquidez y destinar el grueso de los recursos con los que se cuenta a defender el progreso y desarrollo de los pueblos y ciudadanos de la provincia de Toledo.

La nueva RPT establece cinco pilares, destinados a asegurar la racionalización de la plantilla. El nuevo organigrama queda, por tanto, estructurado en torno a cinco grandes Áreas de Gestión: Secretaría General; Cooperación, Cultura, Educación, Juventud y Deportes; Infraestructuras y Medio Ambiente; Economía y Hacienda; Empleo Público, Empleo y Desarrollo Económico, Sanidad y Bienestar Social.

Lo que hace la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación es adaptar los diferentes servicios y personal a las competencias propias de la Institución, así como a la futura propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en relación con las competencias de las Entidades Locales.

El objetivo prioritario de la RPT de la Institución pasa por la simplificación de las estructuras y los procedimientos, ganando en modernidad y eficacia en la resolución de los asuntos que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, para que la prestación de los servicios que se prestan respondan a la calidad que se espera de la administración en los asuntos públicos.-