El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Jaime Ramos Torres, ha comparecido hoy en rueda de prensa para exigir de forma inmediata a los anteriores gestores socialistas de la Diputación de Toledo las responsabilidades derivadas de las compras irregulares de fluorescentes y material de limpieza desde el año 2007 al año 2011, por importe superior a los 300.000 euros.

El desglose de ese gasto ha supuesto para las arcas públicas de la Diputación 125.000 euros en miles de tubos fluorescentes, 140.000 en miles de bolsas de basura, en miles de litros de jabón y otros productos higiénicos, y todo ello comprado a un valor muy superior al del precio de mercado.

Jaime Ramos ha señalado que siguen esperando las explicaciones del Partido Socialista, que asumía el gobierno de la Diputación en las dos últimas legislaturas. Según Ramos “la Diputación ha puesto en conocimiento del Fiscal las irregularidades conocidas e iremos hasta las últimas consecuencias, pues la responsabilidad recae directamente en quien era el diputado de Economía y Hacienda, José Gutiérrez, el vicepresidente y portavoz de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, y quien era entonces el secretario provincial del PSOE ya hora secretario regional, Emiliano García-Page”.

Ramos destaca que “estamos hablando de una cifra cercana a los 300.000 euros, que son 50.000.000 de pesetas. Esto lo conoce el PSOE y si dicen que no lo conocen es más grave todavía, pues se ha hecho con la autorización del que ostentaba la delegación de Economía y Hacienda. No se pueden escudar en los funcionarios. Las responsabilidades penales las dictaminará la Audiencia cuando corresponda”.

En palabras de Jaime Ramos, “la responsabilidad no es otra de a quien corresponde según las bases de ejecución del presupuesto, que establece que para resolver estos contratos se necesita la firma del diputado de Economía y Hacienda, José Gutiérrez, sin la cual hubiera sería imposible realizarlas”.

Cronología

Según ha explicado Jaime Ramos, la cronología de los hechos se remonta al año 2004, momento en el que se comienzan a realizar adquisiciones a las empresas General Light Search S.L. y Interpolivalent Chemical S.L., que parece pertenecer al mismo grupo empresarial, pues funcionan de forma conjunta.

Ambas mercantiles facturan desde el año 2004 y hasta el año 2011 por el suministro de productos fluorescentes, químico y de limpieza un total de 276.051,09 euros, con precios muy por encima del mercado. A esta cantidad hay que sumarle las facturas reclamadas por dichas empresas al nuevo Equipo de Gobierno, por valor de 89.197,63 euros.

Según relata el vicepresidente portavoz, el actual Equipo de Gobierno tiene conocimiento de los hechos en el mes de noviembre de 2011, momento en el que se reclaman a la Diputación Provincial por las citadas empresas los créditos mencionados, sin que los servicios provinciales tuvieran conocimiento de los mismos ni de su origen.

Tras el análisis de los hechos, en el mes de febrero de 2012 se abre una investigación interna y reservada para depurar responsabilidades. Detectadas ciertas irregularidades en las diligencias tramitadas se envía la documentación obtenida a la Fiscalía Provincial de Toledo, que decide abrir una investigación Preprocesal Penal nº27/12.

Procedimiento

El vicepresidente portavoz ha explicado el procedimiento administrativo exigido en las compras de la Diputación de Toledo “marcado por el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, como por las propias Bases de Ejecución del presupuesto, que establece que cuando su precio exceda de 1.500 euros, será requisito imprescindible para su tramitación, la previa reserva de crédito, realizada en sus momento por el que era el diputado de Economía y Hacienda, José Gutiérrez”.

Ha continuado Ramos explicando las Bases de Ejecución, que fijan “que cuando el gasto es de 1.500 hasta 3.000 euros el que resuelve el expediente directamente es el diputado responsable de Régimen Interior”.

Jaime Ramos ha procedido a la lectura de la Base 54 de Ejecución del Presupuesto que textualmente dice que “los expedientes de contratación y procedimiento de adjudicación en los contratos menores, que corresponde al Diputado del Área Económica, como órgano delegado, la competencia para la resolución de los expedientes de contratación y el procedimiento de adjudicación, en este tipo de contratos”.